El acceso a una vivienda digna en la República Dominicana sigue siendo uno de los mayores retos sociales de nuestra gente. Con un déficit habitacional que afecta a una parte importante de la población y un mercado de alquileres cada vez más costoso, la posibilidad de adquirir una vivienda propia se ha convertido en una meta difícil para miles de familias. En este contexto, programas como Plan Mi Vivienda y Familia Feliz representan una oportunidad real de cambio. No solo facilitan el acceso al crédito, sino que también dignifican la vida de personas trabajadoras: madres solteras, jóvenes profesionales y familias que, con esfuerzo, buscan estabilidad.
Para entender mejor el impacto, pongamos un ejemplo realista. Una vivienda económica de entre 60 y 70 m² puede tener un costo aproximado de RD$2.8 a RD$3.8 millones, dependiendo de la ubicación y terminaciones. Esto implica un inicial que ronda entre RD$280,000 y RD$380,000 (10%), y un financiamiento de RD$2.5 a RD$3.4 millones. Con tasas preferenciales cercanas al 8% y plazos de 20 a 25 años, las cuotas mensuales podrían ubicarse entre RD$18,000 y RD$28,000. Si a esto se le suma el costo del solar y el alza sostenida del metro de construcción, se hace evidente que sin apoyo estatal, estas cifras estarían fuera del alcance de gran parte de la población. Sin embargo, para quienes logran calificar, estas condiciones representan una puerta de entrada al patrimonio familiar.
Acceder a estos programas, aunque posible, sigue siendo en cierta medida un privilegio. No todos califican. Existe un segmento importante de dominicanos que gana si, entre RD$45,000 y RD$105,000 mensuales, que tiene empleo formal y deseo real de adquirir su vivienda, pero que queda fuera de la oportunidad por su historial crediticio. Quiero ser claro, esta exclusión no siempre responde a irresponsabilidad financiera, sino a condiciones estructurales, informalidad previa o falta de educación financiera. Es precisamente en este punto donde el Estado y el sistema financiero tienen una oportunidad de evolucionar para ayudar a nuestra gente.
El siguiente paso debe ser la creación de un programa nacional de rehabilitación y adecuación crediticia, orientado a ciudadanos con capacidad de pago demostrable, pero con limitaciones en su perfil financiero. Un programa que acompañe, eduque y facilite el acceso al crédito hipotecario. Porque una cosa está clara: si ya dimos el paso de construir viviendas y facilitar subsidios, ahora toca democratizar el acceso al financiamiento. Convertir el sueño de la casa propia en una realidad más amplia no solo fortalecerá a las familias, sino que también impulsará la economía y la estabilidad social del país.
