En los últimos días, varios medios dominicanos como Listín Diario, Diario Libre, El Día y Noticias SIN han reflejado un debate que va más allá de lo jurídico: la lucha por el derecho de cualquier ciudadano a ser elegido sin depender de un partido político. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, mediante la sentencia TC/0788/24, reconoció que las reglas existentes obstaculizaban ese derecho y ordenó adecuar la ley para permitir candidaturas independientes. Sin embargo, el Congreso ha respondido intentando eliminar esa figura, en lo que muchos consideran un abierto desacato al espíritu de esa decisión.
Lo que está ocurriendo no es un simple conflicto técnico entre poderes del Estado. Es, en esencia, el reflejo del miedo de la política tradicional. Legisladores han justificado la eliminación alegando que abrir el sistema “haría imposible de controlar” las elecciones o debilitaría el modelo de partidos. Pero esa narrativa revela algo más profundo: el temor a competir en igualdad de condiciones con ciudadanos libres, sin estructuras, sin maquinarias, pero con ideas y respaldo social genuino. La democracia no puede convertirse en un club cerrado donde solo participan quienes ya tienen una franquicia política.
Defender las candidaturas independientes no significa promover el desorden. Significa ampliar la libertad de elección, fortalecer la representación y devolverle al pueblo el protagonismo que nunca debió perder. Sí, es necesario regular: establecer reglas claras, evitar improvisaciones y garantizar transparencia. Pero regular no es prohibir. Regular es ordenar la libertad, no eliminarla. Quitar esta posibilidad es enviar un mensaje peligroso: que en República Dominicana el derecho a ser elegido depende más de una estructura partidaria que de la voluntad ciudadana.
Por eso, la salida no es cerrar puertas, sino abrirlas con responsabilidad. Una propuesta razonable sería exigir a los candidatos independientes el respaldo de al menos un 1% de los votos válidos del proceso electoral anterior, mediante firmas verificables. Eso garantizaría seriedad, legitimidad y evitaría candidaturas improvisadas, sin sacrificar el derecho fundamental a participar. La democracia dominicana no debe temerle a más opciones, debe temerle a menos. Porque cuando se limita quién puede competir, en realidad se está limitando quién puede elegir. Juntos podemos construir un sistema más abierto, más justo y verdaderamente democrático.
