En la Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), obtener la licencia de conducir por primera vez debería ser un proceso ágil, organizado y centrado en el ciudadano. Sin embargo, la experiencia reciente dista mucho de ese ideal.
El proceso formal incluye etapas claras: registro en el sistema, toma de datos biométricos y fotografía, evaluación teórica, examen práctico y emisión del documento. Sobre el papel, es un flujo lógico y manejable dentro de tiempos razonables. Pero en la realidad, lo que enfrentan los ciudadanos son esperas prolongadas y una ejecución que no parece corresponder con la simplicidad del trámite.
Cuando una persona realiza este proceso por primera vez, no tiene referencias previas. Pero este no es un servicio nuevo. En la República Dominicana, la expedición de licencias de conducir ha sido una gestión continua en distintos gobiernos, lo que genera una expectativa legítima sobre su funcionamiento.
Durante administraciones anteriores, incluyendo el período del presidente Luis Abinader (2020–2024), este servicio operaba sin generar niveles significativos de queja pública. No era perfecto, pero cumplía con su propósito: permitir a los ciudadanos completar el proceso en tiempos razonables.
Hoy, la percepción es distinta.
Ciudadanos que acudieron a gestionar su licencia por primera vez durante la semana laboral que incluyó el 19 de marzo de 2026 reportan una situación difícil de justificar: muchos llegaron entre las 10:00 y 11:00 de la mañana y no salieron hasta pasadas las 3:00 o incluso las 4:00 de la tarde. Es importante aclarar que el centro mantuvo su horario regular de servicio; no hubo reducción formal de atención. Sin embargo, lo que no se explica es cómo un proceso que consiste esencialmente en registrarse, tomarse una fotografía y realizar un examen teórico puede extenderse por más de cuatro horas.
Este no es un retraso menor. Es una señal clara de ineficiencia operativa.
Sin ánimo de buscar culpables, sí corresponde señalar responsabilidades. La calidad de los servicios públicos depende directamente de la capacidad de gestión de quienes los administran. Cuando un sistema previamente funcional comienza a mostrar fallas evidentes, es necesario revisar qué está ocurriendo internamente: ¿hay problemas de personal, de sistemas, de organización del flujo de usuarios?
A esto se suma una medida que ha generado incomodidad: la restricción de acceso a acompañantes dentro de las instalaciones. Este tipo de decisiones, aunque puedan tener una intención organizativa, terminan percibiéndose como un retroceso en términos de apertura y cercanía institucional. Las instituciones públicas pertenecen a los ciudadanos y deben mantener un equilibrio entre el orden y el acceso.
El diseño de los servicios públicos debe partir de una premisa simple: el tiempo del ciudadano es valioso. No se trata solo de eficiencia técnica, sino de respeto. Cada hora que una persona pierde en una fila es una carga directa sobre su vida personal y productiva.
Este es un llamado a la revisión y a la mejora. La República Dominicana ha demostrado que puede ofrecer servicios públicos funcionales. Volver a ese estándar no es una aspiración, es una obligación.
Porque al final, gobernar también es gestionar bien lo cotidiano.
