En la República Dominicana existe una realidad incómoda que pocos se atreven a reconocer: criticamos la corrupción con firmeza, pero muchas veces participamos de ella en lo cotidiano. Nos indignamos cuando un funcionario abusa de su poder, pero cuando enfrentamos una dificultad, apelamos al “amigo”, al “familiar” o al “contacto” para evadir consecuencias. Esta doble moral debilita nuestra autoridad moral como sociedad y perpetúa el mismo problema que decimos rechazar.
No se trata únicamente de grandes escándalos o de figuras públicas. La corrupción también vive en los pequeños actos diarios: pedir un “chance”, evitar una multa, buscar privilegios por encima de la ley. Estas prácticas, normalizadas y hasta celebradas en algunos círculos, generan un desorden colectivo que afecta la convivencia y hace más difícil construir un país justo y organizado.
La pregunta es clara: ¿sería más eficiente el tránsito si la ley se aplicara siempre, sin excepciones? ¿Serían más seguras nuestras calles si la autoridad hiciera su trabajo sin ceder a presiones ni favoritismos? La respuesta es evidente. El orden solo es posible cuando las reglas son iguales para todos, sin importar apellidos, relaciones o posiciones sociales.
Es momento de asumir responsabilidad como ciudadanos. Exigir transparencia a las autoridades implica también actuar con integridad en nuestra vida diaria. La democracia se fortalece cuando cada quien enfrenta las consecuencias de sus actos y cuando la ley se respeta sin privilegios. Solo así podremos dejar atrás la doble moral y avanzar hacia una sociedad más justa, donde el respeto y la responsabilidad sean la norma.
