En toda sociedad que aspire al orden y al progreso, los funcionarios públicos —especialmente los del sistema judicial— desempeñan un papel esencial. En la República Dominicana, la mayoría de jueces, fiscales, policías y servidores actúan con integridad, sosteniendo la confianza ciudadana y garantizando el funcionamiento de las instituciones.
No obstante, basta una sola acción incorrecta para afectar la percepción de todo el sistema. Como la metáfora de la manzana podrida, un solo funcionario que actúe al margen de la ley puede erosionar la credibilidad colectiva, generando desconfianza y debilitando la justicia ante los ojos de la sociedad.
Frente a esto, el Estado tiene el deber de vigilar, corregir y sancionar con firmeza, promoviendo una cultura de transparencia real. Pero también la ciudadanía juega un rol clave: denunciar lo incorrecto no es atacar al sistema, sino protegerlo y exigir que se cumplan los principios que rigen la convivencia social.
La justicia no solo depende de quienes la administran, sino también de quienes la exigen. Cuidar el sistema es una responsabilidad compartida, porque al final, no se trata de destruir la cesta, sino de garantizar que cada manzana contribuya a su valor.
